Acusan a institución paraguaya por retrasar retorno de comunidad Guaraní a sus tierras 

Un total de 104 pobladores de la comunidad indígena Ka’a Poty del pueblo Ava Guaraní permanecen desde junio acampando en la Plaza de Armas de Asunción, la capital del Paraguay. 

Protesta guaraní en Asunción. Cortesía: Plataforma Social de DD.HH

Ellos fueron desalojados el pasado 15 de junio de sus tierras ubicadas en el departamento del Alto Paraná. 

Como lo informó anteriormente INW la justicia de ese país emitió el pasado 30 de julio una resolución que da luz verde para que los Ava Guaraníes regresen a sus tierras.

“La gente dice: cueste lo que cueste nosotros tenemos que tomar otra vez nuestra tierra. Estamos muy animados, antes estábamos enfermos, pero ahora todos estamos muy bien de salud para ocupar nuestra comunidad.” Nos dice desde el teléfono, Marta Díaz, lideresa indígena paraguaya. 

“Nuestra gente esta muy animada para volver a nuestra tierra porque esa es nuestra tierra. Hay un rio lindo que pasa por allá . La gente quiere ir a pescar.”

Hace tres días deberían haber retornado a su comunidad ubicada en el distrito de Itakiry, departamento del Alto Paraná y fronterizo con Brasil. 

La medida debió haber sido ejecutada por el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) con el apoyo del Ministerio del Interior y la policía. 

El fin de semana, los Indígenas se reunieron con representantes de las dos últimas instituciones gubernamentales y para su sorpresa, la demora se da por una serie de excusas y trabas que emanan del Indi.

Miembros de la comunidad guaraní y representantes del gobierno paraguayo

La Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia, organización que apoya legalmente a los indígenas, denunció en un extenso comunicado que el retorno no se ha producido debido a “la total desidia del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)”. 

Además de mencionar “la aparente connivencia entre representantes del Indi y quienes están detrás del despojo de las tierras ancestrales de la comunidad.”   

Marta Díaz respaldo el comunicado. 

“Hasta ahora el Indi no tiene la capacidad de llevarnos a nuestra comunidad. Hace más de ocho días que estamos en la Plaza (de Armas) después de la restitución.”

La comunidad a la que hace referencia Marta tiene una extensión de 540 hectáreas. Se trata de la Kapa’a Poty 1, ubicada en el departamento del Alto Paraná. 

Frente a esta y separada por el río Acaral se ubica la Kaa’a Poty 2, que se establece en el distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú.

Juntas tienen una extensión de 1,346 hectáreas. En 1996, el Estado paraguayo les otorgo el titulo de legitimidad y la propiedad esta registrada en la Dirección General de Registros Públicos desde 2008.

El pasado 15 de junio, la ex fiscal, Liz Carolina Alfonzo, ordeno el desalojo de los pobladores de la Kapa’a Poty1. ¿La razón? Ella reclama como suyas 7 hectáreas. 

Durante el desalojo llevado a cabo por unos 300 policías se incendio la escuela “12 de Agosto”, un templo, se destruyó los cultivos de los indígenas, se detuvo a tres menores por documentar el hecho; su ganado fue sacrificado y se produjo el robo de enseres y alimentos. 

“Yo no sé como el Instituto Nacional Rural (INDER) cedió el titulo a esa señora (Liz Alfonzo) y a más gente que son brasileños. Ellos se hacen propietarios de nuestras tierras. Ellos están peleando para sacarnos de nuestras tierras”. Dijo a este medio la líder guaraní. 

Amenazas de Muerte 

Marta debe hacer frente a mensajes de texto intimidatorios que buscan hacerla desistir de volver a su pueblo. 

El pasado 1 de agosto, un día después que se conoció el fallo de la justicia a su favor y los suyos, recibió un mensaje por Whatsapp; que le advierte sobre el peligro a su vida y el de su familia.

Mensaje de intimidación
Mensaje recibido el 1 de agosto. INW ha cubierto el nombre del emisario del texto

“Tengo una amenaza de muerte por parte de los supuestos dueños. Si yo me acerco nuevamente, ellos van a hacer hacer justicia con sus propias manos.” Nos dijo Marta Díaz.

“Como lideresa, mujer y madre indígena yo no me voy a callar y voy a luchar hasta el fin (…) Si me están amenazando de muerte, que me maten entonces por mi pueblo y por mi gente,; por mi tierra. La gente va a saber si me matan.” Comentó Diaz.

Marta, hija del líder guaraní, Apolonio Díaz cree que esta en la mira de la ex fiscal Liz Alfonzo y que los mensajes son enviados por uno de los hombres que patrulla su terreno. 

“Yo conozco quien envió el mensaje, pero creo que fue mandado por la supuesta Liz Carolina Alfonzo.” Acoto la lideresa indígena.

Este hecho ha sido denunciado por la Plataforma Social de Derechos Humanos. 

Letrero en la comunidad que prohibe el ingreso a la supuesta propiedad de la ex fiscal

“Vale señalar que las 7 hectáreas están pertrechadas con guardias de seguridad privados, a cargo de Liz Carolina Alfonzo. Los mismos portan armas de grueso calibre y uno de ellos se ha encargado de coaccionar a la lideresa de la comunidad indígena, a través de mensajes y fotografías, utilizando la red social WhatsApp.” 

Indigenous News of the World tuvo acceso a uno de los mensajes intimidatorios y fotografías. Los mismos que publicamos en esta edición.

En estos se da cuenta de un mensaje que la advierte sobre el peligro de retornar a su comunidad pues “arriesga a su familia” y los dueños “están muy preparados”. 

Una de las fotografías a las que tuvo acceso INW. En el circulo rojo se distingue un rifle. Cortesía.

INW se puso en contacto con el supuesto responsable de realizar las amenazas. 

El mismo que nos dijo por mensaje de texto que “es un cuidador de casa ajena” y que la legitima dueña es la ex fiscal Liz, quien al ser paraguaya puede “tener un pedacito de tierra”. 

Sin embargo, evitó comentar sobre los hombres armados, que serian unos 50 y los mensajes de texto amenazadores.

Aseguró que lleva viviendo más de 28 años en el distrito de Itakiry y que hace tres años empezaron a tener problemas con invasores de tierras. 

Pese a nuestra insistencia de ponernos en contacto con Liz Carolina Alfonzo para que realice su descargo, se despidió con un “buenas noches”. 

El Problema de la tierra agrícola en Paraguay

Indigenous News of the World averiguó que la tierra donde se asientan ambas comunidades guaraníes es reclamada no solamente por la ex fiscal paraguaya, también lo hacen empresas multinacionales de capitales brasileños. 

Diaz mencionó a tres de ellas “Agro Integración, Inpasa y Entre Ríos.”

Además de agricultores brasileños y paraguayos dedicados a la siembra de caña, maíz y soja. 

Hasta un total de 12 títulos se superponen al de los Ava Guarani que los reconoce como propietarios de estas tierras. 

Cultivos en la comunidad Ka’a Poty 1. Cortesía

Los indigenas de la comunidad Ka’a Poty 1 no son el único pueblo indígena que enfrenta el peligro de perder sus tierras en la nación sudamericana.

Al respecto, Milena Pereira de la Plataforma Social de Derechos Humanos explicó a este medio las razones históricas sobre la disputa de tierras agrícolas en el Paraguay. 

“Hay un problema en Paraguay serio, histórico de corrupción en torno a la tenencia de la tierra.” 

“Hay una base muy fuerte de tenencia fraudulenta de tierras que vienen de la dictadura del dictador Alfredo Stroessner. De 12.5 millones de hectáreas de tierras que se entregaron entre 1954 y 2003, casi 8 millones de hectáreas fueron adjudicadas a personas que no son sujetos al estatuto vigente de la reforma agraria.”

“Básicamente políticos, militares, empresarios, parientes afines a la dictadura estronista”. Concluyó la abogada. 

Este lunes, horario del Paraguay y cuando se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indigenas, los miembros de esa comunidad Ava Guaraní anunciarán nuevas medidas para volver a ver su rio y reconstruir sus vidas.



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