CIDH expone atropellos contra comunidades indígenas en Nicaragua 

20/03/21.- Seis organizaciones defensoras de los derechos humanos, denunciaron el último jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la “colonización” en tierras indígenas en la costa Caribe de Nicaragua ha causado hambre, prostitución, muerte y desplazamiento.  

8% de los nicaragüenses se consideran indígenas.

La denuncia se produjo durante una sesión de la CIDH titulada “Impacto de la colonización de los territorios indígenas de la costa Caribe de Nicaragua”, dirigida por la presidenta del organismo, la chilena; Antonia Urrejola.  

Además estuvo presente la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales. 

“Cuando hay desplazamiento, las mujeres tienen una mayor carga y desamparo, muchas se ven obligadas incluso a la prostitución para tener algo de ingreso para llevar comida”, dijo Juan Carlos Ocampo, activista de origen miskito. 

Por su parte, la defensora Lottie Cunningham, recordó que la “colonización” ha dejado al menos 49 indígenas muertos en los últimos diez años, 46 secuestrados, cuatro desaparecidos, y 1.000 miskitos desplazados de 12 comunidades con medidas cautelares de la CIDH y orden de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 

Cunningham sostuvo que, ante la inacción del gobierno de nicaragüense para detener el desplazamiento forzoso, los pueblos indígenas continúan perdiendo su territorio, y no pueden realizar sus actividades tradicionales, como la pesca, la caza o sembrar sus alimentos. 

Por su parte, la representante del gobierno de Managua, Wendy Morales, afirmó que su Gobierno sí ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas. 

Cito como acciones concretas el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas, la entrega de títulos de propiedad y delimitación de territorios, asignación presupuestaria, establecimiento de gobiernos territoriales y el establecimiento de la “participación ciudadana” en sustitución de las ONG. 

Ocampo recordó que Managua ha desplazado a los gobernantes indígenas para establecer autoridades ilegítimas.

“Muchos de los elegidos en nuestras comunidades son miembros del partido de Gobierno, y eso ha generado conflicto”, afirmó.

Morales, quien no quiso profundizar en el tema, negó la denuncia del indígena. 

La defensora María Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal de los Pueblos Indígenas, aseveró que los indígenas miskitos y mayangnas son blanco del “exterminio y genocidio” por parte del Gobierno nicaragüense.

“La intención de destruirlos total o parcialmente se puede infringir de las amenazas, las lesiones graves a la integridad física y mental de los miembros de estos pueblos, en los ataques sistemáticos perpetrados por grupos de entre 20 a 200 hombres con armas de guerra”, dijo Acosta. 

Lo cual fue negado por la funcionaria nicaragüense, quien insistió en negarlo todo y presentó como pruebas las leyes establecidas en Nicaragua para la protección de los territorios indígenas y artículos periodísticos recientes sobre acciones que supuestamente los protege. 

El relator de Derechos de los Defensores de la CIDH, Joel Hernández, mostró su preocupación por la situación más allá de las leyes vigentes en Nicaragua. 

“Lo que está aquí subyacente son las actividades que están atentando contra indígenas (…) todo pueblo tiene derecho a desarrollo sustentable”, refirió Hernández. 

Según datos oficiales, un 8% del total de la población nicaragüense es indígena. 



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